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Fernando Buen Abad Domínguez

Cátedra Sean MacBride • UICOM •

 “La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos.” Sean MacBride

Nuestra libertad de expresión, la que debería gozar la humanidad entera, atraviesa una de sus coyunturas más críticas en el siglo XXI. A pesar de los avances tecnológicos que han “democratizado” el acceso a la información y ampliado, no sin peligros, las posibilidades de participación ciudadana en los espacios públicos digitales, los mecanismos de censura, control y represión han evolucionado con igual o mayor sofisticación. Es una paradoja histórica a la que asistimos casi sin defensa  en la llamada “era de hiper-comunicación” global que coexiste con formas cada vez más sutiles —y otras abiertamente brutales— de silenciar voces, criminalizar el pensamiento crítico y monopolizar la construcción del sentido común y asesinar periodistas.

Inspirados en el espíritu y los principios de la Cátedra Sean MacBride de la UICOM, necesitamos examinar la colisión entre los ideales de la libertad de expresión y las prácticas sistémicas de censura contemporánea, tanto en contextos autoritarios como en democracias formales. Lo que está en juego no es solo el derecho a hablar, sino el derecho a saber, a disentir y a transformar la realidad desde el lenguaje. Afirmarnos en la dialéctica de la ética y la comunicación.

Censura no es sólo cercenar imprentas, decomiso de ediciones o encarcelamiento y muerte de periodistas. Si bien estas prácticas persisten, con crudeza extrema en no pocos países, el “nuevo” rostro de la censura en muchas democracias burguesas, toma formas más complejas: control algorítmico de visibilidad, discursos de odio institucionalizados, manipulación informativa por conglomerados mediáticos y censura indirecta vía financiamiento, publicidad o presión judicial.

En América Latina, por ejemplo, la criminalización de periodistas, el uso del lawfare, la concentración mediática y la violencia de actores paramilitares o del crimen organizado constituyen formas estructurales de censura. En México, tan solo entre 2000 y 2024, más de 150 periodistas han sido asesinados, en un contexto de impunidad estructural y complicidad institucional. Pero también en Europa y Estados Unidos, la censura toma formas “legítimas”: eliminación arbitraria de contenidos en plataformas digitales, invisibilización de voces disidentes por los monopolios de medios, etiquetado sesgado de discursos contra-hegemónicos, y vigilancia masiva bajo el pretexto de la seguridad nacional. Se trata, como advierte Noam Chomsky, de “una censura por omisión”, una “fabricación del consenso” que opera desde la “normalidad” de los dueños.

En el Informe MacBride de 1980, titulado “Un solo mundo, voces múltiples”, se denunciaba la concentración del poder mediático en manos de unas pocas corporaciones del norte global, advirtiendo que, sin una democratización profunda de las estructuras de comunicación, no habría libertad real de expresión. Cuatro décadas después, sus alertas no sólo conservan vigencia: han sido superadas por una realidad aún más distópica. Hoy, cinco conglomerados controlan más del 80% del flujo global de información en internet. Google, Meta, Amazon, Microsoft y Apple imponen criterios de visibilidad, rentabilidad y censura sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas. En lugar de un espacio público global, se ha construido una arquitectura privatizada de dominación del sentido, basada en la lógica del mercado y la ideología de la clase dominante.

Con los algoritmos que deciden qué se ve, qué se ignora y qué se bloquea están diseñados por actores que no responden a los pueblos, sino a los accionistas. Las plataformas se convierten así en nuevos censores globales, capaces de silenciar campañas políticas, borrar memorias históricas, moldear opiniones y sancionar disidencias. No existe censura neutral. Toda forma de censura responde a una correlación de fuerzas, a un campo de disputas ideológicas, políticas y económicas. En ese sentido, censurar una voz —o permitirla— es siempre un acto político.

En muchos países con economías gravemente dependientes, los movimientos sociales, feministas, indígenas o sindicales enfrentan una doble censura: la institucional, que criminaliza sus protestas y discursos; y la mediática, que los estigmatiza como “violentos”, “radicales” o “antidemocráticos”. Esta censura discursiva produce exclusión simbólica: niega legitimidad al otro, clausura la posibilidad de interlocución y habilita la represión. Pero también hay censura selectiva. Mientras se silencia la denuncia popular, se amplifican voces ultraconservadoras, negacionistas o racistas, muchas veces protegidas por el manto de la “libertad de expresión”. Aquí se produce una inversión perversa: se protege la libertad del discurso opresor mientras se persigue la palabra emancipadora.

Sin embargo, no todo es oscuridad. El siglo XXI ha sido también testigo de una explosión de experiencias comunicativas desde abajo: radios comunitarias, medios alternativos, redes de periodistas independientes, colectivos de comunicación popular, canales indígenas y afrolatinos, campañas digitales por la verdad y la justicia. Estas experiencias reivindican no sólo el derecho a informar, sino el derecho a narrar el mundo desde otras epistemologías. Rompen con el monolingüismo mediático del capital y ensayan lenguajes otros, sensibilidades otras, lógicas otras. En Bolivia, el proceso de comunicación indígena-originaria; en México, las radios comunitarias de Oaxaca o Chiapas; en Argentina, las redes de medios populares feministas; en Palestina, los periodistas ciudadanos que narran desde la ocupación… todos ellos constituyen formas de resistencia semiótica. En Venezuela como en Cuba la teoría y la práctica de la comunicación socialista.

Nuestra libertad de expresión no puede reducirse al marco liberal de la tolerancia abstracta. Debe inscribirse en una ética del diálogo emancipador, en una política del reconocimiento mutuo y en una lucha por democratizar no solo el acceso, sino la producción y distribución del sentido. Frente a este panorama de censura múltiple, la Cátedra Sean MacBride propone un horizonte de acción comunicacional que combine la crítica estructural con la construcción de revoluciones comunicacionales concretas. Algunas líneas estratégicas urgentes son: Democratizar los sistemas mediáticos: Impulsar legislaciones antimonopólicas, promover medios autónomos de base social responsable, medios públicos con control ciudadano y garantizar el financiamiento de medios comunitarios e independientes.

Regulación democrática de plataformas digitales: Establecer mecanismos de transparencia algorítmica, protección de derechos digitales y participación social en la gobernanza de internet. Educación crítica en comunicación: Incorporar en los sistemas educativos una pedagogía crítica del lenguaje, los medios y la información, que forme ciudadanías activas contra la manipulación informativa. Protección efectiva a periodistas y comunicadores sociales: Garantizar el derecho a informar sin miedo, con protocolos claros de seguridad, justicia y reparación frente a la violencia. Reconocimiento de la comunicación como derecho humano colectivo: No basta con proteger a individuos. Es necesario construir sistemas que garanticen el derecho de los pueblos a comunicar, a ser informados y a ejercer su soberanía cultural.

Hablar para no morir. La libertad de expresión no es un eslogan. Es una trinchera. Un campo de disputa por el sentido. Defenderla implica confrontar no sólo a los censores explícitos, sino a los regímenes de sentido que naturalizan el silencio, que convierten la mentira en espectáculo y la violencia en rutina. En tiempos de guerra cognitiva, de batallas culturales burguesas, desinformación, pos-verdad y plus-mentira, ejercer la palabra crítica, la palabra que interpela y emancipa, es un acto profundamente revolucionario. Como enseñó MacBride, “una comunicación verdaderamente libre sólo puede florecer en un orden internacional más justo”. Hoy, como nunca, esa libertad está en disputa.