La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi.
En un comunicado oficial publicado por el canciller Yván Gil en sus redes sociales, reza que «la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares».
El texto destaca al migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida: «Lo hizo por razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela».
Venezuela rechaza la persecución contra «nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos, cuentas bancarias». Asimismo, denuncia de forma enérgica que los compatriotas que aún están en Estados Unidos «están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos», venezolanos que en su inmensa mayoría son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos; «no son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’». «Son víctimas».
El pueblo venezolano con profunda indignación repudia la amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad; «nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos».
El Estado señala que María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López y otros, que conforman el núcleo criminal de la extrema derecha, «son los responsables de la creación de una red criminal de coyotes que, a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas, condujeron a muchos de nuestros compatriotas a distintos países, incluidos los Estados Unidos».
«Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de ‘enemigo extranjero’ para calificar a una migración pacífica y trabajadora», siendo esta una nueva agresión en la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano.
Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos del pueblo y que denuncie «esta acción aberrante ante el mundo». No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región. «La unidad y la solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo».
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