A través de un comunicado oficial publicado el 11 de marzo de 2026, la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, manifestó su rechazo ante el reciente anuncio del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana sobre el inicio de una campaña de exploración sísmica tridimensional.
De acuerdo con el texto, estas actividades se pretenden llevar a cabo en áreas marítimas que Georgetown intenta presentar de forma unilateral como parte de su supuesta «zona económica exclusiva», a pesar de ser espacios que se encuentran pendientes de delimitación entre ambas naciones.
«Guyana reitera en sus pretensiones de realizar actividades de exploración unilaterales», manifestó el comunicado, lo cual representa una abierta contravención de principios fundamentales del derecho internacional.
En este sentido, Venezuela fue enfática al exigir al gobierno guyanés que se abstenga de realizar actos que lesionen los principios de derecho consuetudinario. El documento subraya la prohibición de adoptar medidas que puedan crear o agravar diferencias, instando a Guyana a no alejarse del marco legal internacional ni de los acuerdos rectores vigentes.
Venezuela reafirmó su postura histórica de defensa de su territorio y soberanía marítima. En el comunicado, se advierte de forma clara que la nación bolivariana no reconoce ni reconocerá ninguna concesión, licencia ni actividad de exploración o explotación de recursos naturales que haya sido otorgada unilateralmente por el Gobierno de Guyana en las áreas en disputa.
Asimismo, el Gobierno venezolano extendió esta advertencia a las corporaciones extranjeras, señalando que no reconocerá los derechos que terceros pretendan derivar de tales actos ilegales. La publicación de este comunicado reafirma el compromiso de Venezuela con la vía diplomática y el respeto a la legalidad.
Esta nueva escalada de tensiones se enmarca en la histórica disputa territorial por el Esequibo, donde Venezuela ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966. Este instrumento jurídico, reconocido por la ONU, es el único marco legal válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, invalidando el írrito Laudo Arbitral de París de 1899, el cual Caracas denuncia como un fraude colonialista que pretendió despojar al país de su territorio soberano.
El anuncio de Guyana representa además una flagrante violación a la Declaración de Argyle, firmada en diciembre de 2023 por los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali en San Vicente y las Granadinas. En dicho acuerdo, ambas naciones se comprometieron formalmente a mantener la región como una zona de paz y a abstenerse de cualquier acción, de palabra o de hecho, que pudiera intensificar el conflicto en las áreas marítimas y terrestres pendientes de delimitación.
Fuente: teleSUR
