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Por: Dr. Fernando Buen Abad Domínguez

Cátedra MacBride / UICOM

Mantener viva la filosofía del Informe MacBride, “Un solo mundo, voces múltiples”, implica sostener una concepción de la comunicación como derecho colectivo y como campo estratégico de disputa histórica, no como simple servicio mercantil ni como flujo técnico desideologizado. El informe, elaborado en el marco de la UNESCO bajo la presidencia de Sean MacBride y publicado en 1980 con el título Un solo mundo, voces múltiples, condensó una crítica estructural al desequilibrio informativo mundial y propuso un horizonte normativo sintetizado en la noción de Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Su vigencia no radica en la nostalgia, sino en la persistencia —y profundización— de las asimetrías que diagnosticó.

Ya el Informe MacBride identificó que el flujo internacional de noticias estaba concentrado en pocas agencias situadas en el norte global, configurando una representación del mundo filtrada por intereses geopolíticos y económicos específicos. Esa concentración no sólo determinaba qué acontecimientos adquirían visibilidad, sino también cómo eran narrados y desde qué marcos interpretativos. La actualidad digital, lejos de disolver esa estructura, la ha reconfigurado en plataformas globales cuya arquitectura algorítmica amplifica desigualdades previas. Mantener viva la filosofía del informe significa reconocer que el problema ya no es únicamente la concentración de agencias noticiosas, sino la centralización de infraestructuras, datos y algoritmos que modelan la experiencia comunicacional planetaria.

Desde su origen, el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación) proponía democratizar la comunicación a escala internacional, ampliando la noción de libertad de expresión hacia el derecho efectivo de los pueblos a producir y difundir sus propias narrativas. Esa ampliación sigue siendo crucial. Sin acceso equitativo a tecnologías, espectro radioeléctrico, conectividad y financiamiento sostenible, la libertad formal se convierte en privilegio. En un entorno donde la economía de la atención mercantiliza cada interacción y transforma la subjetividad en dato explotable, la reivindicación del derecho a la comunicación adquiere un carácter estructuralmente emancipador.

Y tal filosofía del Informe MacBride también subrayó la dimensión cultural de la comunicación. No se trataba sólo de corregir balances cuantitativos de información, sino de afirmar la diversidad lingüística, simbólica y epistemológica frente a la homogeneización industrial. Hoy, la circulación masiva de contenidos estandarizados y la hegemonía de lenguas dominantes en entornos digitales reproducen formas de colonialidad cultural que el informe ya advertía. Mantener su espíritu exige políticas públicas que fortalezcan medios comunitarios, producciones locales y sistemas educativos críticos capaces de decodificar las operaciones ideológicas incrustadas en los discursos mediáticos.

Otro aspecto central es la relación entre comunicación y desarrollo. El Informe MacBride cuestionó la idea de que el desarrollo comunicacional consistiera simplemente en importar tecnologías o replicar modelos empresariales. Propuso, en cambio, pensar la comunicación como herramienta para la participación social, la soberanía y la construcción democrática. En la actualidad, donde la brecha digital no es sólo técnica, sino también cognitiva y económica, esta perspectiva resulta decisiva. La mera expansión de conectividad no garantiza pluralismo ni justicia informativa si las condiciones estructurales de producción simbólica permanecen intactas.

No tardó la resistencia política contra el informe en su momento para demostrar que la disputa por el orden comunicacional es inseparable de intereses geoestratégicos. Reactualizar su filosofía implica comprender que toda arquitectura mediática expresa una correlación de fuerzas. No hay neutralidad en la distribución global de frecuencias, satélites, cables submarinos o servidores; tampoco en los criterios de moderación de contenidos ni en las reglas de monetización digital. La pregunta por quién controla la infraestructura comunicacional es, en última instancia, una pregunta por el poder.

Mantener viva la filosofía del NOMIC supone también evitar simplificaciones. No se trata de sustituir un monopolio por otro ni de justificar controles autoritarios bajo el pretexto de soberanía. El núcleo ético del Informe MacBride es la ampliación democrática: más voces, más participación, más diversidad, más responsabilidad social. La pluralidad no se opone a la libertad; la radicaliza al distribuirla. En ese sentido, la vigencia del informe radica en su apuesta por un equilibrio entre derechos individuales y derechos colectivos, entre libertad de expresión y derecho a la información veraz y contextualizada.

En la era de la desinformación industrializada y de las campañas coordinadas de manipulación, el llamado del informe a fortalecer la ética profesional, la cooperación internacional y la formación crítica adquiere renovada urgencia. Sin alfabetización mediática y sin estructuras públicas y comunitarias robustas, el ecosistema informativo queda subordinado a lógicas de rentabilidad que premian la polarización y el sensacionalismo. La democracia se vuelve entonces vulnerable a la distorsión sistemática de la esfera pública.

Sostener la filosofía de “Un solo mundo, voces múltiples” implica afirmar que la comunicación no es un lujo cultural, sino una condición de posibilidad para la autodeterminación de los pueblos. En un mundo interconectado, la interdependencia no debe traducirse en uniformidad impuesta, sino en diálogo plural. El ideal macbridiano no era clausurar el intercambio global, sino equilibrarlo; no era aislar naciones, sino crear condiciones justas para su interlocución.

Por eso la importancia contemporánea del Informe MacBride reside en su capacidad para ofrecer un marco conceptual que articula economía política, ética y diversidad cultural. Frente a la ilusión de que la tecnología resolverá por sí sola los desequilibrios informativos, su legado recuerda que toda tecnología está inscrita en relaciones sociales. Democratizar la comunicación es transformar esas relaciones. Mientras persistan asimetrías estructurales en la producción y circulación de sentido, la filosofía del NOMIC seguirá siendo una brújula crítica indispensable para orientar políticas públicas, luchas sociales y debates académicos en favor de un orden comunicacional más justo, plural y verdaderamente mundial.

Una comisión internacional para el estudio de los problemas de la comunicación, inspirada en el pensamiento crítico y en la tradición emancipadora que dialoga con la experiencia histórica del Informe de Sean MacBride para la UNESCO, debe estructurarse sobre diez ítems fundamentales capaces de articular análisis semiótico, economía política y praxis transformadora. Sin concesiones al fetichismo tecnológico ni a la retórica neutralista.

Primero, el reconocimiento de la comunicación como campo de disputa material e ideológica, no como simple intercambio simbólico, lo que implica estudiar las condiciones de producción, circulación y consumo de signos en el marco de relaciones de poder concretas; la semiosis no flota en el aire, está anclada en infraestructuras, en propiedad de medios, en regímenes laborales y en marcos regulatorios que configuran qué puede decirse, quién puede decirlo y con qué alcance.

Segundo, el análisis crítico de la concentración monopólica y oligopólica de las industrias culturales y plataformas digitales, entendidas como complejos de acumulación que convierten la atención en mercancía y la experiencia en dato, generando asimetrías cognitivas globales; la comisión debe mapear actores, flujos financieros, marcos jurídicos y arquitecturas algorítmicas para evidenciar cómo la centralización tecnológica redefine la soberanía informativa de los pueblos.

Tercero, la problematización de la colonialidad comunicacional, es decir, la persistencia de matrices simbólicas que jerarquizan lenguas, narrativas y epistemes, reproduciendo dependencias culturales en el sistema-mundo; ello exige estudiar la geopolítica de las agencias de noticias, de las productoras audiovisuales y de los estándares tecnológicos, así como promover políticas que fortalezcan la diversidad lingüística y la producción local con criterios de justicia cognitiva.

Cuarto, la investigación sobre trabajo comunicacional y precarización, considerando tanto a periodistas como a creadores de contenido, programadores, moderadores y trabajadores invisibles de la economía de plataformas; la comisión debe indagar en las nuevas formas de explotación digital, la externalización global de tareas y la captura gratuita del trabajo social que se presenta como participación espontánea.

Quinto, el examen de la arquitectura algorítmica como dispositivo semiótico-político; los algoritmos no son neutrales, organizan visibilidad, priorizan discursos y modelan imaginarios, por lo que es imprescindible exigir transparencia, auditorías públicas y marcos de responsabilidad social que impidan la manipulación sistemática de percepciones colectivas.

Sexto, la alfabetización mediática crítica concebida no como entrenamiento técnico, sino como formación ética y política para la decodificación de discursos, la identificación de operaciones ideológicas y la producción autónoma de sentido; la comisión debe proponer currículos que integren análisis semiótico, historia de los medios y competencias tecnológicas al servicio de la emancipación.

Séptimo, la defensa del derecho humano a la comunicación como principio rector, ampliando la noción clásica de libertad de expresión hacia el acceso equitativo a infraestructuras, frecuencias, espectro radioeléctrico y conectividad, y garantizando marcos normativos que protejan tanto la pluralidad como la participación efectiva de comunidades históricamente marginadas.

Octavo, la creación de observatorios internacionales permanentes que articulen universidades, movimientos sociales y organismos multilaterales para producir diagnósticos rigurosos y comparativos sobre desinformación, violencia simbólica, discursos de odio y censura corporativa o estatal, evitando tanto el moralismo punitivo como el laissez faire que naturaliza la manipulación.

Noveno, el impulso a modelos alternativos de propiedad y gestión de medios y plataformas, incluyendo cooperativas, medios públicos con control social y redes comunitarias, con financiamiento sostenible y gobernanza democrática, capaces de disputar hegemonía en el terreno simbólico sin reproducir lógicas mercantiles.

Décimo, la formulación de una ética internacional de la comunicación basada en la responsabilidad colectiva, la solidaridad entre pueblos y la transparencia estructural, que reconozca que cada acto comunicativo participa en la construcción de realidad y, por tanto, comporta consecuencias materiales; esta ética debe traducirse en compromisos verificables, indicadores de pluralismo y mecanismos de rendición de cuentas a escala global.

Estos diez ítems no constituyen una lista decorativa, sino un programa de acción articulado, la crítica a la concentración mediática se enlaza con la lucha por el derecho a la comunicación; la alfabetización crítica potencia la vigilancia ciudadana sobre algoritmos; los observatorios alimentan políticas públicas; la promoción de modelos alternativos encarna la posibilidad de otra economía del sentido. La comisión, para estar a la altura de los desafíos contemporáneos, debe asumir que la comunicación es territorio estratégico donde se define la correlación de fuerzas cultural y política, y que sin democratización radical de la producción simbólica no hay democracia sustantiva posible. Desde esta perspectiva, el estudio de los problemas de la comunicación no se reduce a describir patologías informativas, sino que apunta a desmantelar estructuras de dominación y a construir horizontes de soberanía cognitiva, donde los pueblos no sean meros consumidores de narrativas ajenas, sino sujetos históricos capaces de producir, circular y validar sus propios sentidos.

Cronología rigurosa y progresiva del proceso de elaboración del Informe MacBride (“Many Voices, One World”) de la UNESCO, basado en fuentes históricas y académicas.

Cronología del informe MacBride (1976–1980)

1976 — Antecedentes y encargo inicial

• En la 19.ª Conferencia General de la UNESCO (Nairobi, 1976) se reconocen las crecientes tensiones sobre los problemas de comunicación global y la necesidad de investigar ese campo de manera más profunda. Se decide encargar un estudio detallado de esos problemas bajo mandato ampliado. 

1977 — Creación formal de la Comisión MacBride

• La UNESCO crea la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, con mandato para analizar la totalidad de los problemas de comunicación en las sociedades modernas y proponer recomendaciones.
• La comisión es presidida por el jurista y Nobel de la Paz Seán MacBride (Irlanda). 

            Diciembre de 1977 — Inicio oficial de los trabajos de la Comisión

• La comisión comienza formalmente su trabajo de investigación, consultas y redacción de materiales y borradores. 

            Octubre de 1978 — Primer informe preliminar

• La Comisión presenta un informe preliminar durante la 20.ª Conferencia General de la UNESCO en París. Este documento resume hallazgos iniciales y plantea puntos centrales del debate. 

Marzo de 1979 — Sesiones temáticas centradas en tecnologías y comunicación

• Se realiza una sesión seminal en Nueva Delhi (India) donde se discuten aspectos técnicos y estratégicos sobre el papel de las tecnologías de comunicación en la problemática global. 

        1979–1980 — Redacción final y consenso de la Comisión

• La Comisión MacBride trabaja en múltiples borradores, consultas con expertos y debates internos para sintetizar sus conclusiones y recomendaciones.
• El acuerdo final entre los 16 miembros representa un consenso tras superar divergencias ideológicas y geopolíticas. 

            Abril de 1980 — Entrega al Director General

• El informe final “Many Voices, One World” es formalmente entregado al Director General de la UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow. 

            Octubre de 1980 — Aprobación formal y difusión

• El Informe se aprueba por consenso en la 21.ª Conferencia General de la UNESCO celebrada en Belgrado (Yugoslavia) y se pone a disposición pública bajo el título oficial “Many Voices, One World”. 

 Luego de la publicación (1980) El documento genera un intenso debate internacional. Algunos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, critican el texto por considerarlo una amenaza a la libertad de prensa y se retiran de la UNESCO en los años siguientes. 

 Resumen de fases clave: