Prensa LAUICOM- Desde la Galería José Vicente Rangel en la sede de LAUICOM, se realizó la presentación formal de la Cátedra Internacional Seán MacBride, cuyo objetivo primordial es defender la comunicación y la información como derechos humanos y como derechos sociales que dan garantía de libertad de expresión.
Beverly Serrano, Directora de Planificación Internacional, informó que esta jornada de formación arranca el próximo 07 de mayo, además reveló los desafíos y el contenido de la Cátedra, que puede ser revisado a través del siguiente enlace: Curso Introductorio Cátedra Seán MacBride – Registro LAUICOM
Por su parte, la vicerrectora académica, Tibisay León explicó detalladamente los pasos para formalizar la inscripción en este programa que consta de siete encuentros presenciales los días jueves para formar al pueblo comunicador y que construya nuevas formas de expresión social.
El rector internacional de LAUICOM, Dr. Fernando Buen Abad Domínguez, dirige el programa académico, el cual profundizará en el estudio de los problemas mundiales de la comunicación desde una perspectiva marxista.
La formación se divide en cinco módulos educativos que incluyen ética de la comunicación y el desarrollo de un laboratorio semiótico especializado. Las autoridades invitan a los interesados a formalizar su registro para participar activamente en esta batalla por las ideas.
Este ciclo formativo busca fortalecer la alfabetización mediática y asegurar un uso ético de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.
La Cátedra Seán MacBride representa un esfuerzo institucional por democratizar la información y defenderla como un derecho humano fundamental.
Mantener viva la filosofía del Informe MacBride, “Un solo mundo, voces múltiples”, implica sostener una concepción de la comunicación como derecho colectivo y como campo estratégico de disputa histórica, no como simple servicio mercantil ni como flujo técnico desideologizado. El informe, elaborado en el marco de la UNESCO bajo la presidencia de Sean MacBride y publicado en 1980 con el título Un solo mundo, voces múltiples, condensó una crítica estructural al desequilibrio informativo mundial y propuso un horizonte normativo sintetizado en la noción de Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Su vigencia no radica en la nostalgia, sino en la persistencia —y profundización— de las asimetrías que diagnosticó.
Ya el Informe MacBride identificó que el flujo internacional de noticias estaba concentrado en pocas agencias situadas en el norte global, configurando una representación del mundo filtrada por intereses geopolíticos y económicos específicos. Esa concentración no sólo determinaba qué acontecimientos adquirían visibilidad, sino también cómo eran narrados y desde qué marcos interpretativos. La actualidad digital, lejos de disolver esa estructura, la ha reconfigurado en plataformas globales cuya arquitectura algorítmica amplifica desigualdades previas. Mantener viva la filosofía del informe significa reconocer que el problema ya no es únicamente la concentración de agencias noticiosas, sino la centralización de infraestructuras, datos y algoritmos que modelan la experiencia comunicacional planetaria.
Desde su origen, el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación) proponía democratizar la comunicación a escala internacional, ampliando la noción de libertad de expresión hacia el derecho efectivo de los pueblos a producir y difundir sus propias narrativas. Esa ampliación sigue siendo crucial. Sin acceso equitativo a tecnologías, espectro radioeléctrico, conectividad y financiamiento sostenible, la libertad formal se convierte en privilegio. En un entorno donde la economía de la atención mercantiliza cada interacción y transforma la subjetividad en dato explotable, la reivindicación del derecho a la comunicación adquiere un carácter estructuralmente emancipador.
Y tal filosofía del Informe MacBride también subrayó la dimensión cultural de la comunicación. No se trataba sólo de corregir balances cuantitativos de información, sino de afirmar la diversidad lingüística, simbólica y epistemológica frente a la homogeneización industrial. Hoy, la circulación masiva de contenidos estandarizados y la hegemonía de lenguas dominantes en entornos digitales reproducen formas de colonialidad cultural que el informe ya advertía. Mantener su espíritu exige políticas públicas que fortalezcan medios comunitarios, producciones locales y sistemas educativos críticos capaces de decodificar las operaciones ideológicas incrustadas en los discursos mediáticos.
Otro aspecto central es la relación entre comunicación y desarrollo. El Informe MacBride cuestionó la idea de que el desarrollo comunicacional consistiera simplemente en importar tecnologías o replicar modelos empresariales. Propuso, en cambio, pensar la comunicación como herramienta para la participación social, la soberanía y la construcción democrática. En la actualidad, donde la brecha digital no es sólo técnica, sino también cognitiva y económica, esta perspectiva resulta decisiva. La mera expansión de conectividad no garantiza pluralismo ni justicia informativa si las condiciones estructurales de producción simbólica permanecen intactas.
No tardó la resistencia política contra el informe en su momento para demostrar que la disputa por el orden comunicacional es inseparable de intereses geoestratégicos. Reactualizar su filosofía implica comprender que toda arquitectura mediática expresa una correlación de fuerzas. No hay neutralidad en la distribución global de frecuencias, satélites, cables submarinos o servidores; tampoco en los criterios de moderación de contenidos ni en las reglas de monetización digital. La pregunta por quién controla la infraestructura comunicacional es, en última instancia, una pregunta por el poder.
Mantener viva la filosofía del NOMIC supone también evitar simplificaciones. No se trata de sustituir un monopolio por otro ni de justificar controles autoritarios bajo el pretexto de soberanía. El núcleo ético del Informe MacBride es la ampliación democrática: más voces, más participación, más diversidad, más responsabilidad social. La pluralidad no se opone a la libertad; la radicaliza al distribuirla. En ese sentido, la vigencia del informe radica en su apuesta por un equilibrio entre derechos individuales y derechos colectivos, entre libertad de expresión y derecho a la información veraz y contextualizada.
En la era de la desinformación industrializada y de las campañas coordinadas de manipulación, el llamado del informe a fortalecer la ética profesional, la cooperación internacional y la formación crítica adquiere renovada urgencia. Sin alfabetización mediática y sin estructuras públicas y comunitarias robustas, el ecosistema informativo queda subordinado a lógicas de rentabilidad que premian la polarización y el sensacionalismo. La democracia se vuelve entonces vulnerable a la distorsión sistemática de la esfera pública.
Sostener la filosofía de “Un solo mundo, voces múltiples” implica afirmar que la comunicación no es un lujo cultural, sino una condición de posibilidad para la autodeterminación de los pueblos. En un mundo interconectado, la interdependencia no debe traducirse en uniformidad impuesta, sino en diálogo plural. El ideal macbridiano no era clausurar el intercambio global, sino equilibrarlo; no era aislar naciones, sino crear condiciones justas para su interlocución.
Por eso la importancia contemporánea del Informe MacBride reside en su capacidad para ofrecer un marco conceptual que articula economía política, ética y diversidad cultural. Frente a la ilusión de que la tecnología resolverá por sí sola los desequilibrios informativos, su legado recuerda que toda tecnología está inscrita en relaciones sociales. Democratizar la comunicación es transformar esas relaciones. Mientras persistan asimetrías estructurales en la producción y circulación de sentido, la filosofía del NOMIC seguirá siendo una brújula crítica indispensable para orientar políticas públicas, luchas sociales y debates académicos en favor de un orden comunicacional más justo, plural y verdaderamente mundial.
Una comisión internacional para el estudio de los problemas de la comunicación, inspirada en el pensamiento crítico y en la tradición emancipadora que dialoga con la experiencia histórica del Informe de Sean MacBride para la UNESCO, debe estructurarse sobre diez ítems fundamentales capaces de articular análisis semiótico, economía política y praxis transformadora. Sin concesiones al fetichismo tecnológico ni a la retórica neutralista.
Primero, el reconocimiento de la comunicación como campo de disputa material e ideológica, no como simple intercambio simbólico, lo que implica estudiar las condiciones de producción, circulación y consumo de signos en el marco de relaciones de poder concretas; la semiosis no flota en el aire, está anclada en infraestructuras, en propiedad de medios, en regímenes laborales y en marcos regulatorios que configuran qué puede decirse, quién puede decirlo y con qué alcance.
Segundo, el análisis crítico de la concentración monopólica y oligopólica de las industrias culturales y plataformas digitales, entendidas como complejos de acumulación que convierten la atención en mercancía y la experiencia en dato, generando asimetrías cognitivas globales; la comisión debe mapear actores, flujos financieros, marcos jurídicos y arquitecturas algorítmicas para evidenciar cómo la centralización tecnológica redefine la soberanía informativa de los pueblos.
Tercero, la problematización de la colonialidad comunicacional, es decir, la persistencia de matrices simbólicas que jerarquizan lenguas, narrativas y epistemes, reproduciendo dependencias culturales en el sistema-mundo; ello exige estudiar la geopolítica de las agencias de noticias, de las productoras audiovisuales y de los estándares tecnológicos, así como promover políticas que fortalezcan la diversidad lingüística y la producción local con criterios de justicia cognitiva.
Cuarto, la investigación sobre trabajo comunicacional y precarización, considerando tanto a periodistas como a creadores de contenido, programadores, moderadores y trabajadores invisibles de la economía de plataformas; la comisión debe indagar en las nuevas formas de explotación digital, la externalización global de tareas y la captura gratuita del trabajo social que se presenta como participación espontánea.
Quinto, el examen de la arquitectura algorítmica como dispositivo semiótico-político; los algoritmos no son neutrales, organizan visibilidad, priorizan discursos y modelan imaginarios, por lo que es imprescindible exigir transparencia, auditorías públicas y marcos de responsabilidad social que impidan la manipulación sistemática de percepciones colectivas.
Sexto, la alfabetización mediática crítica concebida no como entrenamiento técnico, sino como formación ética y política para la decodificación de discursos, la identificación de operaciones ideológicas y la producción autónoma de sentido; la comisión debe proponer currículos que integren análisis semiótico, historia de los medios y competencias tecnológicas al servicio de la emancipación.
Séptimo, la defensa del derecho humano a la comunicación como principio rector, ampliando la noción clásica de libertad de expresión hacia el acceso equitativo a infraestructuras, frecuencias, espectro radioeléctrico y conectividad, y garantizando marcos normativos que protejan tanto la pluralidad como la participación efectiva de comunidades históricamente marginadas.
Octavo, la creación de observatorios internacionales permanentes que articulen universidades, movimientos sociales y organismos multilaterales para producir diagnósticos rigurosos y comparativos sobre desinformación, violencia simbólica, discursos de odio y censura corporativa o estatal, evitando tanto el moralismo punitivo como el laissez faire que naturaliza la manipulación.
Noveno, el impulso a modelos alternativos de propiedad y gestión de medios y plataformas, incluyendo cooperativas, medios públicos con control social y redes comunitarias, con financiamiento sostenible y gobernanza democrática, capaces de disputar hegemonía en el terreno simbólico sin reproducir lógicas mercantiles.
Décimo, la formulación de una ética internacional de la comunicación basada en la responsabilidad colectiva, la solidaridad entre pueblos y la transparencia estructural, que reconozca que cada acto comunicativo participa en la construcción de realidad y, por tanto, comporta consecuencias materiales; esta ética debe traducirse en compromisos verificables, indicadores de pluralismo y mecanismos de rendición de cuentas a escala global.
Estos diez ítems no constituyen una lista decorativa, sino un programa de acción articulado, la crítica a la concentración mediática se enlaza con la lucha por el derecho a la comunicación; la alfabetización crítica potencia la vigilancia ciudadana sobre algoritmos; los observatorios alimentan políticas públicas; la promoción de modelos alternativos encarna la posibilidad de otra economía del sentido. La comisión, para estar a la altura de los desafíos contemporáneos, debe asumir que la comunicación es territorio estratégico donde se define la correlación de fuerzas cultural y política, y que sin democratización radical de la producción simbólica no hay democracia sustantiva posible. Desde esta perspectiva, el estudio de los problemas de la comunicación no se reduce a describir patologías informativas, sino que apunta a desmantelar estructuras de dominación y a construir horizontes de soberanía cognitiva, donde los pueblos no sean meros consumidores de narrativas ajenas, sino sujetos históricos capaces de producir, circular y validar sus propios sentidos.
Cronología rigurosa y progresiva del proceso de elaboración del Informe MacBride (“Many Voices, One World”) de la UNESCO, basado en fuentes históricas y académicas.
Cronología del informe MacBride (1976–1980)
1976 — Antecedentes y encargo inicial
En la 19.ª Conferencia General de la UNESCO (Nairobi, 1976) se reconocen las crecientes tensiones sobre los problemas de comunicación global y la necesidad de investigar ese campo de manera más profunda. Se decide encargar un estudio detallado de esos problemas bajo mandato ampliado.
1977 — Creación formal de la Comisión MacBride
La UNESCO crea la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, con mandato para analizar la totalidad de los problemas de comunicación en las sociedades modernas y proponer recomendaciones.
La comisión es presidida por el jurista y Nobel de la Paz Seán MacBride (Irlanda).
Diciembre de 1977 — Inicio oficial de los trabajos de la Comisión
La comisión comienza formalmente su trabajo de investigación, consultas y redacción de materiales y borradores.
Octubre de 1978 — Primer informe preliminar
La Comisión presenta un informe preliminar durante la 20.ª Conferencia General de la UNESCO en París. Este documento resume hallazgos iniciales y plantea puntos centrales del debate.
Marzo de 1979 — Sesiones temáticas centradas en tecnologías y comunicación
Se realiza una sesión seminal en Nueva Delhi (India) donde se discuten aspectos técnicos y estratégicos sobre el papel de las tecnologías de comunicación en la problemática global.
1979–1980 — Redacción final y consenso de la Comisión
La Comisión MacBride trabaja en múltiples borradores, consultas con expertos y debates internos para sintetizar sus conclusiones y recomendaciones.
El acuerdo final entre los 16 miembros representa un consenso tras superar divergencias ideológicas y geopolíticas.
Abril de 1980 — Entrega al Director General
El informe final “Many Voices, One World” es formalmente entregado al Director General de la UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow.
Octubre de 1980 — Aprobación formal y difusión
El Informe se aprueba por consenso en la 21.ª Conferencia General de la UNESCO celebrada en Belgrado (Yugoslavia) y se pone a disposición pública bajo el título oficial “Many Voices, One World”.
Luego de la publicación (1980) El documento genera un intenso debate internacional. Algunos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, critican el texto por considerarlo una amenaza a la libertad de prensa y se retiran de la UNESCO en los años siguientes.
Prensa LAUICOM – La Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM) llevó a cabo el Módulo IV de su Programa de Formación Internacional, titulado “Desafíos Comunicacionales de América Latina y el Caribe: una mirada crítica desde la Hegemonía y la Resistencia”, impartida por el Dr. Fernando Buen Abad, rector internacional de LAUICOM.
Realizada como parte de la Cátedra Sean MacBride, espacio académico dedicado a estudiar los problemas de la comunicación global desde una perspectiva comprometida con los pueblos para formar comunicadores críticos capaces de identificar cómo los grandes poderes usan los medios para dominar, manipular y desmoralizar a los pueblos.
La palabra no es neutral
«O sirve al imperio o sirve a la liberación”, afirmó Buen Abad, al denunciar que hoy gobiernos, corporaciones y redes bajo control hegemónico reducen a las personas a datos, imponen mentiras como verdades y entierran las luchas populares bajo un ruido digital diseñado para confundir y desmovilizar.
“Lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero, cuando fuerzas imperiales bombardearon territorio venezolano y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada Cilia Flores, es un ejemplo brutal de esta guerra comunicacional y militar”, destacó.
Ese acto no fue solo un crimen contra Venezuela, sino una advertencia al mundo: cualquier pueblo que defienda su soberanía será blanco del imperialismo. Por eso, exigió con firmeza: ¡libertad inmediata para el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores! Su regreso no es solo una demanda nacional, sino un acto de justicia global.
Buen Abad también hizo referencia a cómo los medios imperialistas tratan a la gente como máquinas de clics, ignorando el hambre, la dignidad y la rebeldía. Otros discursos, aunque suenan “abiertos”, terminan justificando la opresión al decir que “todo es relativo”, mientras, Hollywood y las redes moldean deseos, miedos y silencios pero nunca nos llaman a actuar juntos.
El peligro más reciente es claro: ya no importa lo que piensas, sino lo que puedes ser inducido a hacer, las grandes cadenas ahora pueden manipular con más facilidad. ¡Pero el pueblo no es un dato! El pueblo es conciencia, es memoria, es acción colectiva.
«LAUICOM se muestra como faro de luz en estos tiempos», señaló Buen Abad, como una universidad de la comunicación hecha por el pueblo y para los pueblos del mundo, en donde la academia camina junto al pueblo y se encuentra activa en las luchas populares.
En esta guerra mediática, saber discernir es resistir. Y resistir, es avanzar.
Esa acusación de “narco-terrorismo” hecha por Donald Trump contra Venezuela, entre otras muchas, constituye un dispositivo semiótico de rendimiento ideológico calculado, cuya potencia performativa excede su aparente simplicidad verbal. Desde la perspectiva de nuestra semiótica crítica, esta denominación no puede analizarse como un simple rótulo descriptivo, sino como una operación estratégica que articula intereses geopolíticos, economías discursivas y tecnologías de producción de sentido orientadas a la construcción de un enemigo legitimador. El signo “narco-terrorismo” no remite a hechos verificables, sino a una arquitectura simbólica diseñada para instalar un marco interpretativo que convierte al Estado venezolano en una entidad paria, criminalizable y susceptible de intervención. Es un signo cargado de vectores semánticos que condensan, en una fórmula impactante, varias décadas de ingeniería discursiva estadounidense sobre América Latina.
Desde un punto de vista científico-semiótico, el término funciona como un “signo complejo de coagulaciones ideológicas”: integra dos núcleos semánticos —“narco” y “terrorismo”— que han sido previamente sobre-determinados por la maquinaria comunicacional y jurídica de Estados Unidos. En la historia reciente, ambos conceptos han operado como justificaciones simbólicas para intervenciones militares, sanciones y operaciones encubiertas. El efecto de fusionarlos es multiplicar su carga afectiva y su valor persuasivo. La estrategia semiótica consiste en explotar el capital histórico de miedo, repulsión moral y excepcionalidad jurídica acumulado por esos términos, trasladándolo hacia un Estado soberano mediante un acto performativo de nominación. No se trata solo de un insulto político, es una “clasificación de guerra”, un signo que habilita un régimen de acciones extraordinarias.
Ese dispositivo semiótico “narco-terrorismo” opera entonces como un “signo operador” que no describe, sino que activa. Produce un marco cognitivo en el que Venezuela aparece como amenaza transnacional. Esta operación se sostiene en la lógica del “enemigo total”, donde el antagonista no es un gobierno específico, sino una entidad que combina crimen organizado y violencia política global. En términos de semiótica crítica el signo se incrusta en la “economía política del imaginario”, donde los medios corporativos actúan como máquinas de reproducción de la nominación, amplificando su efecto hasta convertirlo en un hecho socialmente percibido como evidente. La manufactura de consenso se alimenta de la repetición disciplinada: titulares, discursos, informes y declaraciones se alinean para consolidar el signo hasta desmaterializar cualquier análisis empírico que lo cuestione.
Un análisis riguroso requiere observar la estructura sintáctica de la acusación, se trata de una operación de interpelación directa (“Venezuela es un narco-estado terrorista”), donde el sujeto de la frase (el Estado venezolano) es capturado en un predicado intensivo que elimina matices, procesos y contradicciones. La estructura “S = T” (Sujeto = Terrorista) instala una identidad fija, no una descripción temporal o condicional. El signo funciona así como marca ontológica: Venezuela “es”, esencialmente, una amenaza. Esta esencialización transforma un fenómeno geopolítico complejo en una entidad moralmente condenable. Desde el Laboratorio de Semiótica Crítica, esta operación corresponde a la técnica imperial de “metáforas absolutas”, aquellas que transforman un conflicto político en un relato teológico de bien contra mal.
Tal elección del término también responde a un diseño pragmático orientado hacia la opinión pública estadounidense y sectores de la “clase media” internacional fuertemente colonizados. El uso de “narco-terrorismo” activa en el imaginario social una cadena de asociaciones fuertemente instaladas desde la “Guerra contra las drogas” y la “Guerra contra el terrorismo”, carteles mexicanos, 11-S, ISIS, Afganistán, Colombia paramilitar, y toda la iconografía audiovisual creada por Hollywood y los noticieros. Esta semiosis acumulada es puesta en circulación para construir un enemigo latinoamericano moldeado según las necesidades estratégicas del momento. No importa la ausencia de evidencia; importa la eficacia simbólica.
Desde la perspectiva del Laboratorio de Semiótica Crítica, esta acusación se inscribe en la dinámica del “terrorismo semiótico imperial”, el uso de signos aterrorizantes para disciplinar conciencias y justificar agresiones. Estados Unidos declara “narco-terrorista” a un Estado como parte de un procedimiento de “marcado simbólico” que antecede cualquier acto de presión económica o militar. Se trata de una etapa de la guerra comunicacional que busca preparar el terreno para medidas coercitivas: sanciones, cerco diplomático, operaciones psicológicas, narrativas humanitarias y, eventualmente, incursiones militares. El signo es el primer disparo.
Un análisis denotativo revela la paradoja: Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de drogas del mundo, su sistema financiero ha servido sistemáticamente de plataforma para lavado de dinero, y ha operado durante décadas con carteles aliados en diferentes regiones. Sin embargo, la enunciación imperial permite invertir la carga semántica: el acusador se presenta como defensor de la ley global y el acusado como foco de criminalidad. Esta operación semiótica se explica por lo que se denomina “inversiones ideológicas” que son mecanismos donde el poder atribuye al otro aquello que caracteriza sus propias prácticas.
En el nivel connotativo, “narco-terrorismo” proyecta imágenes de caos, clandestinidad, violencia extrema, redes internacionales y amenaza inminente. Su eficacia deriva de la saturación sensorial: el concepto llama al miedo como herramienta política. El miedo es uno de los vectores semióticos más eficientes para colonizar la conciencia. En este sentido, el término produce un efecto de “cierre cognitivo”, el destinatario, invadido por la amenaza simbólica, acepta sin resistencia las medidas que se derivan del diagnóstico oficial.
En el nivel pragmático, la acusación cumple tres funciones: 1. Justificar la intensificación del bloqueo económico, presentándolo no como agresión sino como medida de seguridad global. 2. Deslegitimar al gobierno venezolano en el escenario internacional, reduciéndolo a una entidad criminal sin derecho a autodeterminación.3. Preparar la opinión pública para posibles acciones de intervención, ampliando el margen de maniobra del Poder Ejecutivo estadounidense.
Nuestro Laboratorio de Semiótica Crítica reconoce aquí la construcción de una “ingeniería del consentimiento criminalizante”. Para ello, el discurso se presenta como lucha contra el mal absoluto. Es lo que Buen Abad identifica como “teología comunicacional del imperio”: una narrativa donde Estados Unidos se ubica en el lugar del salvador universal y cualquier resistencia se interpreta como amenaza diabólica. Debe notarse también la dimensión colonial del signo. América Latina ha sido históricamente convertida en laboratorio de nominaciones disciplinarias: “patio trasero”, “repúblicas bananeras”, “estados fallidos”, “dictaduras socialistas”, “amenazas narcoterroristas”. Estas categorías no describen realidades: las producen. Funcionan como tecnologías de subjetivación geopolítica. Desde la ciencia semiótica crítica, entender estas nominaciones es indispensable para comprender la arquitectura simbólica del imperialismo.
Esa acusación de Trump no surge aislada, es parte de una cadena discursiva donde el imperialismo norteamericano fabrica enemigos según sus intereses económicos y estratégicos. La retórica del “narco-terrorismo” busca ocultar las razones materiales del conflicto: control del petróleo, disciplinamiento geopolítico, intervención en los procesos de integración regional y apropiación de recursos energéticos. El signo esconde la estructura. Su guerra mediática es siempre un intento de separar el pensamiento de la realidad material para someterlo a la ideología dominante.
Nuestro trabajo como Laboratorio de Semiótica Crítica debe subrayar la necesidad de desmantelar estas operaciones mediante una praxis crítica de la comunicación. Comprender el signo “narco-terrorismo” no basta, es necesario producir contra-semiosis que devuelvan complejidad, historicidad y materialidad al análisis de los conflictos. El pensamiento crítico es un acto de defensa de la conciencia, pero aislado de la praxis es insuficiente, desactivar el terror semiótico es una forma de emancipación. El signo imperial debe ser desmontado para que la realidad vuelva a hablar con su propio espesor y no bajo el ruido ensordecedor de la propaganda. Y articular nuestros propios enunciados para la liberación.
En el marco de la Cátedra MacBride, se presentan los aportes críticos, creativos y colectivos de nuestros estudiantes por una comunicación justa y soberana.
10 problemas actuales de la comunicación
Por: Venus Rangel.
Cohorte: XIX del Diplomado en Comunicación Política.
La Brecha Tecnológica como Instrumento de Dominio
Los avances tecnológicos, lejos de democratizar la comunicación, han incrementado las brechas existentes, creando un terreno de juego profundamente desigual. Continentes ricos en recursos, como África y América del Sur, se ven sometidos a una doble explotación: la material y la simbólica. Mientras enfrentan problemas estructurales agravados por malas políticas públicas y la confabulación de sus élites con intereses globales, son bombardeados por narrativas mediáticas que buscan desconocer su esencia y despojarlos de la conciencia sobre su propio valor. Esta dinámica reafirma la frase de que “nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”.
La Batalla Semiótica: Los Signos como Armas de Clase
En este contexto, comprendemos que la comunicación no es neutral. Como bien se señala “Toda comunicación es una batalla semiótica donde los signos no son neutrales, ni asépticos, ni inocentes: son instrumentos de clase.” Los grandes conglomerados mediáticos no cometen simples «errores» técnicos o «fallas» éticas; son oligarquías simbólicas que operan de manera estructurada para imponer una visión del mundo funcional a los intereses del capital transnacional. Su objetivo no es informar, sino deprimir y desorganizar a los pueblos, haciendo que internalicen su propia inferioridad y dependencia.
La Resistencia: Alfabetización Crítica y Democratización del Conocimiento
Frente a este bombardeo digital y simbólico, la resistencia comienza con la conciencia crítica. Es imperativo estar alerta, aprender a decodificar los mensajes e identificar los mecanismos de manipulación. Sin embargo, la conciencia no es suficiente. Es fundamental:
a. Crear espacios de encuentro y formación: Llevar el conocimiento de expertos y los estudios en comunicación a los sitios con más dificultades de acceso. La alfabetización mediática debe ser un derecho universal.
b. Exigir la comunicación como un derecho humano: No podemos ser indiferentes ante los conflictos y el saqueo de países invisibilizados. La comunicación es un derecho habilitante para la defensa de todos los demás derechos.
El sometimiento comunicacional es una realidad, pero no es una sentencia irrevocable. La respuesta está en organizarnos, en levantar todas las voces y en construir nuestras propias narrativas. Democratizar la comunicación es el primer paso para democratizar el poder. Es una tarea ética y política: hagamos más humana la humanidad recuperando la palabra, el sentido y el derecho a existir en el imaginario global con dignidad y soberanía.
“La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos.” Sean MacBride
Nuestra libertad de expresión, la que debería gozar la humanidad entera, atraviesa una de sus coyunturas más críticas en el siglo XXI. A pesar de los avances tecnológicos que han “democratizado” el acceso a la información y ampliado, no sin peligros, las posibilidades de participación ciudadana en los espacios públicos digitales, los mecanismos de censura, control y represión han evolucionado con igual o mayor sofisticación. Es una paradoja histórica a la que asistimos casi sin defensa en la llamada “era de hiper-comunicación” global que coexiste con formas cada vez más sutiles —y otras abiertamente brutales— de silenciar voces, criminalizar el pensamiento crítico y monopolizar la construcción del sentido común y asesinar periodistas.
Inspirados en el espíritu y los principios de la Cátedra Sean MacBride de la UICOM, necesitamos examinar la colisión entre los ideales de la libertad de expresión y las prácticas sistémicas de censura contemporánea, tanto en contextos autoritarios como en democracias formales. Lo que está en juego no es solo el derecho a hablar, sino el derecho a saber, a disentir y a transformar la realidad desde el lenguaje. Afirmarnos en la dialéctica de la ética y la comunicación.
Censura no es sólo cercenar imprentas, decomiso de ediciones o encarcelamiento y muerte de periodistas. Si bien estas prácticas persisten, con crudeza extrema en no pocos países, el “nuevo” rostro de la censura en muchas democracias burguesas, toma formas más complejas: control algorítmico de visibilidad, discursos de odio institucionalizados, manipulación informativa por conglomerados mediáticos y censura indirecta vía financiamiento, publicidad o presión judicial.
En América Latina, por ejemplo, la criminalización de periodistas, el uso del lawfare, la concentración mediática y la violencia de actores paramilitares o del crimen organizado constituyen formas estructurales de censura. En México, tan solo entre 2000 y 2024, más de 150 periodistas han sido asesinados, en un contexto de impunidad estructural y complicidad institucional. Pero también en Europa y Estados Unidos, la censura toma formas “legítimas”: eliminación arbitraria de contenidos en plataformas digitales, invisibilización de voces disidentes por los monopolios de medios, etiquetado sesgado de discursos contra-hegemónicos, y vigilancia masiva bajo el pretexto de la seguridad nacional. Se trata, como advierte Noam Chomsky, de “una censura por omisión”, una “fabricación del consenso” que opera desde la “normalidad” de los dueños.
En el Informe MacBride de 1980, titulado “Un solo mundo, voces múltiples”, se denunciaba la concentración del poder mediático en manos de unas pocas corporaciones del norte global, advirtiendo que, sin una democratización profunda de las estructuras de comunicación, no habría libertad real de expresión. Cuatro décadas después, sus alertas no sólo conservan vigencia: han sido superadas por una realidad aún más distópica. Hoy, cinco conglomerados controlan más del 80% del flujo global de información en internet. Google, Meta, Amazon, Microsoft y Apple imponen criterios de visibilidad, rentabilidad y censura sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas. En lugar de un espacio público global, se ha construido una arquitectura privatizada de dominación del sentido, basada en la lógica del mercado y la ideología de la clase dominante.
Con los algoritmos que deciden qué se ve, qué se ignora y qué se bloquea están diseñados por actores que no responden a los pueblos, sino a los accionistas. Las plataformas se convierten así en nuevos censores globales, capaces de silenciar campañas políticas, borrar memorias históricas, moldear opiniones y sancionar disidencias. No existe censura neutral. Toda forma de censura responde a una correlación de fuerzas, a un campo de disputas ideológicas, políticas y económicas. En ese sentido, censurar una voz —o permitirla— es siempre un acto político.
En muchos países con economías gravemente dependientes, los movimientos sociales, feministas, indígenas o sindicales enfrentan una doble censura: la institucional, que criminaliza sus protestas y discursos; y la mediática, que los estigmatiza como “violentos”, “radicales” o “antidemocráticos”. Esta censura discursiva produce exclusión simbólica: niega legitimidad al otro, clausura la posibilidad de interlocución y habilita la represión. Pero también hay censura selectiva. Mientras se silencia la denuncia popular, se amplifican voces ultraconservadoras, negacionistas o racistas, muchas veces protegidas por el manto de la “libertad de expresión”. Aquí se produce una inversión perversa: se protege la libertad del discurso opresor mientras se persigue la palabra emancipadora.
Sin embargo, no todo es oscuridad. El siglo XXI ha sido también testigo de una explosión de experiencias comunicativas desde abajo: radios comunitarias, medios alternativos, redes de periodistas independientes, colectivos de comunicación popular, canales indígenas y afrolatinos, campañas digitales por la verdad y la justicia. Estas experiencias reivindican no sólo el derecho a informar, sino el derecho a narrar el mundo desde otras epistemologías. Rompen con el monolingüismo mediático del capital y ensayan lenguajes otros, sensibilidades otras, lógicas otras. En Bolivia, el proceso de comunicación indígena-originaria; en México, las radios comunitarias de Oaxaca o Chiapas; en Argentina, las redes de medios populares feministas; en Palestina, los periodistas ciudadanos que narran desde la ocupación… todos ellos constituyen formas de resistencia semiótica. En Venezuela como en Cuba la teoría y la práctica de la comunicación socialista.
Nuestra libertad de expresión no puede reducirse al marco liberal de la tolerancia abstracta. Debe inscribirse en una ética del diálogo emancipador, en una política del reconocimiento mutuo y en una lucha por democratizar no solo el acceso, sino la producción y distribución del sentido. Frente a este panorama de censura múltiple, la Cátedra Sean MacBride propone un horizonte de acción comunicacional que combine la crítica estructural con la construcción de revoluciones comunicacionales concretas. Algunas líneas estratégicas urgentes son: Democratizar los sistemas mediáticos: Impulsar legislaciones antimonopólicas, promover medios autónomos de base social responsable, medios públicos con control ciudadano y garantizar el financiamiento de medios comunitarios e independientes.
Regulación democrática de plataformas digitales: Establecer mecanismos de transparencia algorítmica, protección de derechos digitales y participación social en la gobernanza de internet. Educación crítica en comunicación: Incorporar en los sistemas educativos una pedagogía crítica del lenguaje, los medios y la información, que forme ciudadanías activas contra la manipulación informativa. Protección efectiva a periodistas y comunicadores sociales: Garantizar el derecho a informar sin miedo, con protocolos claros de seguridad, justicia y reparación frente a la violencia. Reconocimiento de la comunicación como derecho humano colectivo: No basta con proteger a individuos. Es necesario construir sistemas que garanticen el derecho de los pueblos a comunicar, a ser informados y a ejercer su soberanía cultural.
Hablar para no morir. La libertad de expresión no es un eslogan. Es una trinchera. Un campo de disputa por el sentido. Defenderla implica confrontar no sólo a los censores explícitos, sino a los regímenes de sentido que naturalizan el silencio, que convierten la mentira en espectáculo y la violencia en rutina. En tiempos de guerra cognitiva, de batallas culturales burguesas, desinformación, pos-verdad y plus-mentira, ejercer la palabra crítica, la palabra que interpela y emancipa, es un acto profundamente revolucionario. Como enseñó MacBride, “una comunicación verdaderamente libre sólo puede florecer en un orden internacional más justo”. Hoy, como nunca, esa libertad está en disputa.
