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No han podido ni podrán

por ArtículosNacionales

Por Profesora Carolina Escarrá Gil
Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM)
Marzo, 2026.

El jueves 26 de marzo tuvo lugar la segunda audiencia preliminar en el caso que se está llevando a cabo contra nuestros héroes secuestrados en los EEUU. En esa oportunidad estaba previsto que el juez Hellerstein definiera el cronograma de audiencias en las distintas partes del juicio contra el Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama y Diputada Cilia Flores.

Cargos de la demanda

Es importante recordar que los cargos imputados tienen que ver con la acusación de que ambos supuestamente lideran una asociación criminal narcoterrorista, la cual de acuerdo con el departamento de Justicia habría operado durante más de una década, utilizando el estado venezolano para traficar cocaína hacia EEUU, para lo cual habrían implementado los colectivos y una violencia extrema que incluiría secuestros y asesinatos, además de una corrupción sistémica, con red de sobornos.

No obstante, nada más lejos de la verdad, puesto que se ha demostrado que han tenido que desistir de algunas acusaciones como la del supuesto cartel de los soles debido a la falta de evidencia. En la demanda que interpuso el fiscal de EEUU en el año 2020, en la cual por cierto no incluía a la primera Dama y diputada Cilia Flores, había al menos 32 menciones al Cártel de los Soles como una organización de narcotráfico. En la demanda que se presentó luego del 3 de enero, solo hay dos menciones y no como un cartel sino como una cultura de corrupción que permite el tráfico de drogas. Además, a juzgar por los informes de organismos internacionales e incluso de la propia administración estadounidense, no existe dicho cartel en el informe de la DEA o no se ha demostrado la relación del presidente Maduro con este supuesto cártel e incluso con el Tren de Aragua como lo deja ver el informe de las agencias de inteligencia en el 2025. Por todas estas razones se cae de perogrullo una acusación vinculada a cocaína supuestamente distribuida hacia los EEUU, corroborable con el arduo trabajo de incautación y destrucción del poco porcentaje de drogas que pudiera haber ingresado a nuestro país.

Otro cargo tiene que ver con la posesión de armas de fuego sin autorización para ello, lo que no necesita mayores argumentos al tratarse de un presidente y su esposa constantemente amenazados por una potencia nuclear. Además, de acuerdo con nuestro marco constitucional, el presidente es jefe de estado, de gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por otra parte, todas estas acusaciones han sido desestimadas en la retórica del propio presidente Trump quien ha dicho y demostrado que su único interés en secuestrar al presidente Maduro era presionar para obtener acuerdos en materia de petróleo, oro y tierras raras, pues no debemos olvidar que no solo se trata de un presidente, sino de un empresario magnate, miembro de la élite dominante blanca, anglosajona y cristosionista estadounidense.

Primera audiencia

En la audiencia de presentación que tuvo lugar el 5 de enero, se trataba solo de presentación y lo que se estila es que el imputado se identifique con su nombre. El presidente Nicolás Maduro Moros agregó que es un presidente en funciones que fue extraído de su casa en Caracas, por lo cual se declaró prisionero de guerra y solicitó acogerse al III Convenio de Ginebra, declarándose además inocente y decente. Por su parte, la primera dama y diputada Cilia Flores también se declaró inocente.

De allí se desprende la violación al principio de inmunidad individual del que gozan los presidentes en funciones en el marco del derecho internacional, reconocido por todos los estados como un marco normativo consuetudinario, desde aquellos tiempos del derecho de jentes de Don Andrés Bello, precursor no reconocido del derecho internacional.

Por otra parte, una de las razones por las cuales se debería desestimar el caso es por la manera como fue llevado ante el tribunal para imputarlo. Primero, mediante un secuestro llevado a cabo por fuerzas militares de otro país y de una manera violenta, para luego ser recluido en una cárcel de máxima seguridad sin respeto a su inmunidad, y víctima incluso de maltrato por parte de sus secuestradores, especialmente en el caso de la primera dama y diputada Cilia Flores, quien se presentó a dicha audiencia con señas de maltrato en su cabeza.

Pero también se desprende de esa audiencia que el presidente Nicolás Maduro se convirtió en un símbolo mundial de resistencia cuando a través del lenguaje de señas, en un maravilloso acto de comunicación contrahegemónica, envió un mensaje de calma y cordura al pueblo venezolano, con el corolario de que nosotros y nosotras unidos venceremos, lo cual ha sido clave para mantener la fuerza, la esperanza y hasta la alegría del pueblo venezolano que se ha mantenido en las calles exigiendo la liberación de nuestros dos héroes, y lo que ha llevado que figuras importantes a nivel internacional lo hayan declarado el Mandela latino.

Segunda audiencia

En esta segunda audiencia se esperaba que el juez estableciera el cronograma del juicio con las fechas de presentación de pruebas, de testigos, audiencias y las distintas etapas del juicio.

En la audiencia, en la cual por cierto no nos dejaron ver al presidente Maduro ni a la diputada y primera dama en la entrada ni en la salida, los abogados defensores Barry Pollak con más de 30 años de experiencia, y Mark Donnelly, en el caso de la primera dama y diputada Cilia Flores, pidieron desestimar el caso debido a que la Ofac revocó a finales de febrero una licencia que permitía el gobierno venezolano pagar sus honorarios, sin explicación ni argumentación. Por su parte la fiscalía insinuó que se le debía otorgar un defensor público. Allí hubo discrepancias con el juez quien dijo que al estar en EEUU ni Maduro ni Flores representan un peligro para la seguridad nacional de los EEUU, por lo que no se entiende dicha medida coercitiva unilateral; además de que no le parecía que sin ser contribuyentes y pudiendo pagar los honorarios, se les otorgue un defensor público pagado por contribuyentes estadounidenses para personas que de verdad lo necesiten.

Este hecho demuestra el uso de artilugios por parte del gobierno de los EEUU para que los imputados no puedan defenderse propiamente por lo cual han presentado una moción solicitando la desestimación del caso, debido a la interferencia constitucional en relación al debido proceso que implica la revocatoria de dicha licencia. No obstante, el juez difirió pronunciarse sobre el particular. En este caso me pregunto, si los argumentos del juez no sirven incluso para que se revoquen las medidas coercitivas unilaterales individuales en contra del presidente y la primera dama.

Además, esta mañana en consejo de ministros, el presidente Trump dijo que seguramente serán abiertos otros juicios en contra del presidente Maduro en otros tribunales, tal vez previendo que este juez sea un poco imparcial en torno a la imputación jurídica.

En la audiencia también se trataron otros temas como no publicar las pruebas para mantener la seguridad de los testigos o atender los temas de salud de los acusados especialmente, de la primera dama y diputada Cilia Flores.

No es un caso jurídico, sino político

Otro elemento que puede ser fundamental en el desarrollo del caso y que constituye un elemento novedoso del juicio, tiene que ver con el reconocimiento de Michael Kovac del departamento de estado, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el 11 de marzo, con lo cual queda también legitimado el presidente Maduro y dirimida la operación psicológica en torno a la validez del resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Para el abogado Alfredo Clemente, no será un juicio sencillo para Hellerstein quien deberá enfrentarse a la “doctrina del fruto del árbol ponzoñoso” como error de origen de la acusación, así como al abuso de proceso, a la ruptura del principio de confianza legítima y la inmunidad soberana de los jefes de estado, así como a una conducta gubernamental indignante.  En este tenor, también son de mucha utilidad los artículos del abogado Juan Martorano.

Pero debemos recordar que esto no se trata de un caso jurídico sino político. Las razones de fondo para el secuestro y la acusación son de carácter político con sustrato económico. El juicio fue montado en laboratorios de guerra psicológica y de información. El presidente Trump ha dicho hasta el cansancio -desde que era candidato presidencial o incluso en su primer mandato- que le interesa arrebatarle a Venezuela el petróleo, el oro y las tierras raras.

Pero también le interesaba arrebatarle a Venezuela y a su gentilicio la dignidad, lo cual creyó haber logrado el 3 de enero, con la operación de decapitación con agresión y visos de invasión. No obstante, los venezolanos y venezolanas nos crecemos en la adversidad.

El juicio contra el presidente Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores es una expresión más de la guerra híbrida contra Venezuela para quebrar nuestra fortaleza. Aún así, no han podido ni podrán.

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Crímenes imperiales, secuestro cognitivo y otras vilezas

por ArtículosNacionales

Investigador Erick Gutiérrez

El 3 de enero de 2026 el imperialismo norteamericano ejecutó el vil secuestro de Nicolás Maduro Moros, presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Esta acción representa un acto de delincuencia internacional, que como crimen de agresión según el Estatuto de Roma, no sólo desnuda la esencia atroz del imperio (Clemente, 2026), sino que como arremetida multidimensional pretende reinstalar el colonialismo, reciclando La Doctrina Monroe como plan imperial para nuestra región, mediante manifestaciones de violencia civilizatoria y gestión del terror a fin de garantizar su régimen de desposesión y hegemonía a escala regional (y global), mediante el descarado robo programado de nuestros recursos naturales (González, 2026). Dentro del paradigma de la guerra híbrida, hace uso de la guerra judicial (o lawfare) con objetivos viles: romper el orden jurídico nacional e internacional, a fin de imponer una gobernanza de facto, tomando control de los Estados a través del secuestro de las denominadas democracias populistas mediante engaños y mentiras permanentes que justifiquen su regreso a la órbita estadounidense (Tirado, 2021); que en el fondo, supone un ataque a nuestro derecho a existir como pueblos soberanos con proyectos propios, donde el Sur Global es visto como objeto de intervención y de explotación (González, 2026).

La preparación, ejecución y continuación de esta operación bélica, se ha implementado con componentes fundamentales de guerra mediática, cognitiva y psicológica, en el desarrollo de operaciones de influencia y de desinformación (Tirado, 2021), mediante el vil uso de los medios masivos de difusión y de las redes sociales, en ciberoperaciones para el control social, la distracción masiva, la manipulación informativa, el engaño, y el chantaje o extorsión colectiva.  Su objetivo estratégico regional es colonizar la mente y el deseo para naturalizar la violencia imperial (asentada en una lógica depredadora de desprecio y despojo) sentando un precedente de impunidad, mediante un epistemicidio estratégico que destruya nuestra capacidad de pensar el mundo por nosotros mismos (González, 2026), a través de armas de guerra cognitiva, produciendo consentimiento sobre que la acción del 3 de enero se realizó sin ninguna resistencia, sin víctimas, y gracias a una endógena traición interna, narrativa hegemónica continuada intencionalmente, destinada a minimizar la existencia de sus nuevas armas de sabotaje tecnológico masivo.

Inmediatamente después del secuestro físico de la pareja presidencial, se inicia la implantación criminal progresiva de otras formas de secuestro: secuestro cognitivo, económico, jurídico. Así, en los laboratorios de guerra cognitiva, se planteó el uso de la Ley norteamericana como arma de exterminio, al señalar inicialmente cargos criminales contra Maduro y Flores, utilizados como placebos jurídicos para una estafa procesal, manipulando una vía legal -el juicio penal- para lograr un fin ilegal el derrocamiento y el secuestro de un soberano, en una operación de extorsión internacional con rehenes de Estado utilizados como fianza humana para forzar el pago de compensaciones (Clemente. 2026), siendo la pareja presidencial realmente prisioneros de guerra y rehenes de una operación de violación sistemática de la soberanía nacional, dentro de un infame plan de despojo económico.

En diversas declaraciones del presidente Donald Trump posteriores al 3 de enero, fue notorio el carácter incuestionablemente delincuencial del accionar norteamericano, como forma de secuestro extorsivo (Ramírez, 2008; Hoyos, 2013): el secuestro político es un arma utilizada contra estados para lograr la intimidación o retaliación de los enemigos, conseguir una finalidad bélica al servicio de una causa política, o para obtener un lucro, reduciendo a la víctima la persona secuestrada a la condición de una mercancía o valor de cambio, siendo esta actividad delictiva una de las principales fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley por las que se aseguran recursos económicos. En las declaraciones de Trump también quedó en evidencia un discurso capitalista que expuso no sólo el plus de valor (afán de lucro) aspirado, sino también un plus de goce, que convierte las modalidades de secuestro en un modelo de funcionamiento empresarial al servicio de la destrucción: destruye los otros discursos, porque encuentra su éxito en reciclar su propio exceso, donde el propio secuestro extorsivo es muy atractivo para el criminal por el goce derivado por la ganancia económica obtenible en corto tiempo (Martínez. 2020).

Como complemento justificatorio de estas infames operaciones, se desarrolla en forma exponencial o vertiginosa, a través de la guerra mediática, un permanente secuestro cognitivo global. La vocería política del gobierno norteamericano, especialmente Donald Trump, busca monopolizar totalmente la atención mediante comentarios reiterados prácticamente diarios acerca de Venezuela, para ser permanentemente trending topic.  En efecto, si entendemos el secuestro como una toma de control no autorizada, el aparato de propaganda bélico norteamericano, busca ocupar gran parte de nuestro tiempo en estar pendientes y opinando exclusivamente acerca de las declaraciones o acciones de Donald Trump (o del gobierno norteamericano, o de sus aliados nacionales), secuestrando nuestra atención durante el máximo tiempo posible, utilizando técnicas persuasivas cuya vil finalidad es mantenernos aferrados a nuestros dispositivos con dicha agenda setting. 

De esta manera, implementan cámaras de eco para transmitir opiniones llenas de desinformación, que al explotar las vulnerabilidades biológicas del cerebro minimizan la capacidad de concentración (o atrofian nuestro sentido crítico), reduciendo el campo de visión, y en consecuencia, nuestra necesaria capacidad de reflexión profunda (Martínez, 2020; Directorio de Sostenibilidad, 2024). La naturaleza intrusiva de tales plataformas tecnológicas cuyo capital es norteamericano, recalca la naturaleza coercitiva y no consensuada de estas sobre el pensamiento humano, de tal forma que al quedar secuestrada nuestra atención el peligro a ser manipulados es muy elevado (Martínez, 2020), al punto de hacernos pensar que somos nosotros mismos quienes hemos tomado la decisión de elegir los contenidos que nos son impuestos, sin estar conscientes de que son formas de contaminación psicológica (Directorio de Sostenibilidad, 2024).

A pesar de lo expuesto, los discursos imperialistas del gobierno norteamericano han generado un efecto de agenciamiento radical en la población venezolana, que desde una resistencia heroica lucha encomiablemente por defender la unidad — (rechazando cualquier información que busque fracturarla— (González, 2026) frente a las presiones divisivas, internas y externas. Para ello, es una prioridad fundamental la defensa de nuestra soberanía mental (Directorio de Sostenibilidad, 2024), para lo cual debemos esforzarnos apremiantemente en lograr nuestra autonomía digital en función de la soberanía tecnológica, como frente de retaguardia global en función de una defensa comunicacional común, de producción de una conciencia y solidaridad insurgente, y de soberanía compartida y la defensa de la dignidad común (González, 2026). En este sentido, se deben impulsar ya programas de alfabetización digital, a fin de eliminar las distracciones digitales, evitando el ruido de las redes sociales y bloqueando las sugerencias algorítmicas intrusivas, a fin de evitar ser rehenes cognitivos de los planes bélicos imperialistas.

Erick Gutiérrez: Abogado de la UCV, magister del CENDES UCV. Profesor de postgrado, investigador militante, y eco-feminista. Vocero comunal. Áreas de especialización: Antropología jurídica, Descolonialidad,  Derechos indígenas, Derechos ecológicos. Con más de 90 publicaciones entre libros y artículos. Ganador de diferentes premios nacionales e internacionales en el área de ciencias sociales. Investigador del Vicerrectorado de Investigación y Creación Intelectual. / descolonizarnos@gmail.com

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Carta dirigida al Corazón de los venezolanos y venezolanas con Cabeza

por Artículos

Por: Dr. Fernando Buen Abad

Todas y todos repudiamos de manera firme y categórica cualquier forma de agresión imperial contra la República Bolivariana de Venezuela, porque parte del principio básico de la dignidad humana radica en reconocer que ningún pueblo puede ser sometido, asfixiado o castigado por ejercer su derecho soberano a decidir su propio destino político, económico y social.

La historia de Nuestra América está marcada por siglos de colonización, saqueo y dominación externa, y precisamente por esa memoria colectiva resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, se intente reeditar prácticas de intervención, bloqueo, chantaje diplomático o guerra híbrida bajo discursos que dicen defender la democracia mientras vulneran el derecho internacional y agravan el sufrimiento de las poblaciones civiles.

Nuestra solidaridad con Venezuela no es un gesto ideológico vacío ni una consigna automática, sino una postura profundamente humanista que coloca en el centro la vida, la autodeterminación de los pueblos y la necesidad urgente de resolver los conflictos por vías pacíficas, dialogadas y respetuosas.

Exigir el fin de las agresiones externas es también exigir paz, porque no puede haber paz verdadera cuando se imponen sanciones que afectan el acceso a alimentos, medicinas, energía y desarrollo, ni cuando se promueven escenarios de confrontación que buscan desestabilizar gobiernos legítimos a costa del bienestar colectivo.

Reafirmamos que América Latina y el Caribe no son patio trasero de ninguna potencia, que no aceptamos tutelajes ni órdenes disfrazadas de ayuda, y que la soberanía no se negocia ni se condiciona a intereses ajenos. Defender a Venezuela es defender el principio de igualdad entre las naciones, grandes o pequeñas, ricas o empobrecidas, y recordar que el multilateralismo solo tiene sentido si se basa en el respeto mutuo y no en la imposición unilateral.

La firmeza que reclamamos no es belicista ni excluyente, sino ética y política, una firmeza que rechaza el uso de la fuerza, las amenazas y la coerción como herramientas de la política internacional, y que apuesta por la cooperación, el diálogo y la integración regional como caminos para superar las diferencias.

Desde una perspectiva humanista revolucionaria, sostenemos que ningún proyecto geopolítico puede justificar el daño deliberado a millones de personas, ni convertir el sufrimiento social en un instrumento de presión.

La exigencia de paz implica también rechazar la desinformación, los dobles estándares y la criminalización selectiva de gobiernos que no se alinean con determinados centros de poder, así como promover una mirada crítica, informada y solidaria que permita comprender la complejidad de los procesos internos sin caer en simplificaciones interesadas.

No somos colonia de nadie, no lo fuimos cuando luchamos diariamente por la independencia, no lo seremos y esa convicción se expresa en la defensa de la soberanía venezolana como parte inseparable de la fraternidad con soberanía regional.

La autodeterminación de los pueblos no es una consigna del pasado, sino una tarea permanente que exige coherencia, memoria histórica y compromiso activo frente a cualquier intento de dominación. Por ello, llamamos a la comunidad internacional a abandonar la lógica de la comodidad complaciente y a asumir una responsabilidad de lucha real con la paz, el respeto al derecho internacional y la justicia social ante todos los conflictos, entendiendo que sólo desde la justicia, la igualdad y la solidaridad entre las naciones será posible construir un futuro en el que ningún país sea tratado como colonia y ningún pueblo sea castigado por decidir su propio camino.

Fuente: Aporrea