Atilio Borón
Existe un gesto que habla a las claras de que la senilidad no es sólo un problema del presidente Joe Biden sino del imperio en su conjunto. El Gobierno de Estados Unidos anunció días atrás nuevas sanciones en contra de su homólogo venezolano tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación que pesaba en contra de la señora María Corina Machado para presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.
Bastó que la noticia fuera conocida para que de inmediato la cloaca mediática, esa que silencia por completo el genocidio en curso en Gaza o las matanzas de Dina Boluarte en el Perú, sacudiera su molicie y comenzara a lanzar todo tipo de acusaciones infamantes en contra del Gobierno bolivariano. “¡Proscripción, exclusión, persecución!” vociferan a los cuatro vientos alentados desde Washington. Lo que estos voceros neocoloniales no dicen es que María Corina Machada está siendo juzgada por una legislación que es prácticamente un calco de la estadounidense. Según ésta, condensada en el 18 U.S. Code § 2381 se establece que “Quien, debiendo lealtad a los Estados Unidos, se levante en armas en contra del Gobierno de Estados Unidos y/ sus fuerzas armadas; o se adhiera a sus enemigos, prestándoles ayuda y consuelo dentro de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar y ofrezca apoyo financiero, logístico o de cualquier otra forma a un país u organización en guerra con los Estados Unidos. Quien incurra en este delito será acusado de traición y sufrirá la pena de muerte, o prisión y multa, e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en los Estados Unidos”.
Según la jurisprudencia estadounidense el delito queda probado cuando alguien cometió un acto manifiesto en contra del Gobierno de Estados Unidos (una guerra, ayudar a un Gobierno u organización enemiga, etcétera) y participó en cualquier forma de rebelión o conspiración sediciosa en contra del mismo.
Dicho lo anterior, es más que evidente que si la señora Machado hubiese sido ciudadana de Estados Unidos y hubiese actuado como lo ha venido haciendo en Venezuela desde hace unos veinte años, habría sido detenida, procesada y condenada por las autoridades norteamericanas. Machado se entrevistó públicamente con al menos un presidente de Estados Unidos, George W. Bush (hijo), que la recibió nada menos que en la Oficina Oval el 31 de mayo del 2005 en una reunión a solas que no fue sólo protocolar debido a que se extendió por poco más de 50 minutos. Se supone que el tema de la conversación fue solicitar ayuda para derrocar al gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez Frías en vísperas de la crucial Cumbre de las Américas que debía reunirse en noviembre de ese año en donde la Casa Blanca esperaba la aprobación del ALCA.
Acabar con el carismático liderazgo de Chávez era decisivo para el éxito de estos malignos designios. Y allí estuvo Machado, amén de infinidad de reuniones que mantuvo con otros personeros de las primeras líneas de sucesivas administraciones norteamericanas, buscando la forma de lograr ese objetivo.
En marzo del 2014, en coincidencia con la primera de las sangrientas “guarimbas” organizadas por la derecha venezolana, Machado aparece en la escena internacional como insólita “embajadora alterna” de Panamá en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, utilizando esa tribuna para atacar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado era por entonces diputada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y en un grosero acto de traición a la patria solicitó abiertamente ante el Consejo Permanente de la OEA que dicha organización dispusiera una intervención militar extranjera para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Todo esto mientras los hampones de las guarimbas asesinaban indiscriminadamente a quienquiera que tuviese apariencia de ser chavista, en no pocos casos quemados vivos. Cabe recordar que en 2017 volvieron a surgir las guarimbas contando con todo el apoyo de la derecha venezolana y sus mandantes estadounidenses, sin que Machado condenase en lo más mínimo sus aberrantes crímenes contra la población. Todo lo contrario, a lo largo de estos años no cesó de solicitar la intervención de fuerzas extranjeras para poner fin al Gobierno legítimo de su país.
No puede olvidarse que a lo largo de tantos años esta “patriótica” lideresa venezolana abogó incansablemente ante los Gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se impusieran duras sanciones económicas y de todo tipo a la República Bolivariana de Venezuela. En la actualidad ese país es víctima de 930 medidas coercitivas unilaterales (MCI) que han afectado todas las áreas de la actividad económica y provocando graves penurias al conjunto de la población venezolana. En suma, estamos ante un claro caso de traición a la patria que ha sido tratado con sorprendente benignidad por el Gobierno chavista. En 2005 Machado fue juzgada por su firma del “decreto Carmona” que convalidó el Golpe de Estado en Venezuela el 10 de Abril del 2002. También fue juzgada por conspiración debido a que una ONG por ella creada y dirigida, recibió un subsidio de 53 mil dólares del Fondo Nacional para la Democracia, financiado por el Congreso de los Estados Unidos. Por ambos cargos fue condenada a 28 años de prisión, pero fue amnistiada por el entonces presidente Hugo Chávez. En ningún otro país Machado podría haber seguido haciendo política como lo ha hecho en Venezuela hasta el día de hoy. En la mayoría de los países europeos habría sido puesta en prisión cumpliendo largas sentencias, y lo mismo habría ocurrido en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú o cualquier otro país de la región.
Por otra parte, hay que recordar que no fueron sólo palabras. Su ataque en contra de su propio país tuvo efectos concretos que produjeron grandes daños. No puede soslayarse el hecho de que María Corina Machado y el “autoproclamado presidente” Juan Guaidó entregaran a manos extranjeras empresas y activos del pueblo venezolano como: CITGO, en los Estados Unidos; Monómeros, la mayor fabricante de fertilizantes, en Colombia; ambos personajes fueron además cómplices del secuestro de 31 toneladas de oro por parte del Reino Unido valuados en casi dos mil millones de dólares y también del bloqueo de activos financieros dispuesto por Washington y sus lacayos europeos. Cálculos conservadores de los perjuicios económicos causados por Machado y Guaidó en contra de la República Bolivariana de Venezuela ascienden a unos 140 mil millones de dólares estadounidenses. Pese a ello reclama impunidad.
Con estos antecedentes a la vista, María Corina Machado ya había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por un lapso de 15 años, a partir del año 2015, según consta en el dictamen de la Contraloría General de la República. Es decir que no hay nada nuevo, pues ya pesan sobre ella 9 años de inhabilitación. No es que ahora se la está condenando. Ya se lo hizo en el 2015, y es cosa juzgada. La decisión tomada y anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, no es su inhabilitación, sino simplemente la ratificación de una decisión tomada hace 9 años atrás.
No obstante eso, la derecha y los voceros del imperio la han erigido como una suerte de patriótica Juana de Arco cuando en realidad es una escandalosa agente del imperio y cómplice del criminal saqueo perpetrado en contra de su propio país y una de las más importantes mentoras del plan para derrocar al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y hacer retrotraer a Venezuela a los nefastos tiempos de la Cuarta República. Ese es el verdadero retrato de la “heroína” o la “combatiente por la libertad” que presentan los medios del imperio y el propio Gobierno de Estados Unidos, que ahora redobla sus sanciones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela
