El pedido de 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua para la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Argentina, es un eslabón más en la cadena de persecución contra dirigentes populares en América Latina donde se conjugan el Poder Judicial y los medios masivos de difusión. El objetivo final parece ser demoler la imagen de la principal dirigente política del país, con gran arraigo en el campo popular.
